Milicias, delito y control estatal en el Chaco (1884-1940) - Parte I

Agradecemos al Último Payaguá, Raúl Villarruel, por tan importante aporte,  éste artículo cuya primera parte publicamos hoy.

El período que abarca nos presenta el teatro, sus circunstancias y condiciones...en que las Tropas de Línea y la Gendarmería Nacional, nacida en 1938 con rasgos que, no sin esfuerzo, conserva hasta hoy, cumplieron cabalmente la misión  fijada.

Las Instituciones, incluyendo las del "sector público", poseen características y atributos que constituyen la esencia, su propia naturaleza distintiva. Y la Gendarmería Nacional se caracteriza por los valores y tradición que todos los Gendarmes conocemos, y aunque no son motivo de éste artículo sí es oportuno asumirlos una vez más.

Las Instituciones, inexorablemente deben adaptarse a los tiempos que se viven, deben modernizarse... para dar respuesta apropiada a los requerimientos de la sociedad.

La lectura de éstos importantes artículos, publicados con prolijo rigor intelectual y social, podrán contribuir a cimentar la vigencia de nuestra querida Gendarmería Nacional.

Milicias, delito y control estatal en el Chaco (1884-1940)

Oscar Ernesto Mari

CONICET-Universidad Nacional del Nordeste
omari@bib.unne.edu.ar

Resumen

Durante la primera mitad del siglo XX el Territorio Nacional del Chaco fue escenario de importantes transformaciones en su faz económica y social. A raíz del auge en la explotación forestal, y luego en el cultivo del algodón, esta jurisdicción se convirtió en una de las regiones de mayor prosperidad y crecimiento demográfico en el ámbito nacional.Sin embargo, estas mismas peculiaridades fueron las que paradójicamente propiciaron la germinación de una problemática sostenida en el tiempo: la inseguridad en el ámbito rural.Dicha problemática, su relación con las modalidades productivas de este Territorio, y las soluciones que se ofrecieron en distintas etapas, habrán de ser analizadas en el presente trabajo.

Palabras clave: Chaco-delito rural- políticas de seguridad

Abstract

During first half del century XX the National Territory del Chaco was scene of important transformations in its economic and social face. As a result of the height in the logging, and soon in the culture of the cotton, this jurisdiction became one of the regions of greater prosperity and population increase in the national scope. Nevertheless, these same peculiarities were those that paradoxically caused the maintained germination of a problematic one in the time: the insecurity in the rural scope. This problematic, its relation with the productive modalities of this Territory, and the solutions that were offered in different stages, will the present have to be analyzed in this paper. 

Key words:Chaco-rural crime-political of security

1. Introducción

    Las cuestiones referidas a los Territorios Nacionales de la Argentina han dejado al descubierto la existencia de problemas comunes y constantes en cada uno de estos distritos a partir de su organización en 1884 y durante el tiempo que permanecieron bajo la tutela nacional. La literatura existente ha dado cuenta en varios trabajos, acerca de la problemática social que por distintas razones afectó la vida de los pioneros de estas lejanas jurisdicciones creadas con el fin de ocupar el espacio y consolidar las fronteras interiores. Éstas, institucionalizadas bajo un régimen político casi enteramente dependiente de los poderes centrales, sin autonomía ni presupuesto, padecieron en buena medida los problemas propios de las sociedades en proceso de formación, agravados por la ineficacia del Estado en la atención de sus necesidades. Las carencias en materia de infraestructura edilicia, comunicación, transportes, seguridad, educación, justicia, sanidad y administración en general fueron casi la regla en estas comarcas periféricas. La excesiva centralización en la toma de decisiones, y por lo mismo, el deficiente control estatal, mantuvo a los habitantes de estas comunidades en una condición de minoridad jurídica en relación con sus connacionales, lo cual se evidenció en la imposibilidad del ejercicio de sus derechos cívicos en el ámbito nacional, como también en la limitada intervención en el control de gestión de instituciones públicas o privadas establecidas en ellas.
    Este estado de inferioridad prolongó por largo tiempo la resolución satisfactoria de problemas afligentes en la vida de los territorianos: la distribución de la tierra en áreas destinadas a la colonización, la inseguridad, la carencia de legislación en diversas materias, la ausencia de mediación en los conflictos sociales, la ambigua jurisdicción de las autoridades residentes (jueces letrados o gobernadores), o peor aún, la arbitrariedad, incompetencia o venalidad de estos funcionarios y sus colaboradores, nombrados en todos los casos por el Poder Ejecutivo Nacional.
    Tal desamparo se tradujo habitualmente en la agudización de los problemas o conflictos planteados debiendo, en los casos que adquirían cierta relevancia, intervenir el gobierno nacional, por lo general con políticas”duras” y casi siempre ante situaciones ya desbordadas. Los Territorios Nacionales fueron así, por distancia y/o por desatención estatal, pródigos en conflictos de naturaleza política o social, y también espacios propicios para el ejercicio de actividades delictivas, practicadas a veces sin clara distinción por marginales y funcionarios del estado. Respecto a esto último, el tema adquiere cierta complejidad y no puede limitárselo a una sola causa, ni tampoco caer en generalizaciones. Si bien la ausencia de control estatal provocó un estado de inseguridad jurídica y social en varios de estos distritos durante la mayor parte del tiempo en que fueron Territorios Nacionales, el “delito”, con todo lo que supone el concepto, revistió peculiaridades propias en cada caso, y se diferenció también cuantitativa y cualitativamente en cada uno de ellos.
    Precisamente, en este trabajo intentamos abordar la cuestión del delito rural en particular y de la inseguridad en general en uno de estos Territorios: El Chaco. La elección no es casual, como tampoco su acotación temporal, ya que este Territorio fue el ámbito representativo de esta problemática en la época anunciada, y a la sazón, fue también el sitio de ensayo de políticas de seguridad que se aplicarían luego en el resto de las regiones fronterizas del país.
    Los intentos de solución al problema adquirieron diversos matices a través del tiempo, plasmándose en proyectos, ensayos e iniciativas que en los mejores casos tuvieron una aplicación temporal o parcial, y en buena parte de ellos la imprevisión y descoordinación fueron la regla. En el caso de las autoridades centrales, el tratamiento del tema mereció una atención oscilante y discontinua durante la mayor parte de esta etapa; para los gobiernos locales en cambio, la seguridad fue la cuestión fundamental que debieron atender como parte de sus administraciones, y también fue en este ámbito donde tuvieron mayor ingerencia, dentro de sus limitados márgenes de acción.
    La situación se mantuvo relativamente indefinida durante más de tres décadas en las que se alternaron medidas coyunturales, sin llegar a adoptarse una organización de seguridad permanente y eficaz. Sin embargo, ello cambiaría radicalmente a finales de los años treinta a raíz del colapso del sistema en el Chaco, y de nuevas políticas dirigidas en consecuencia, a la resolución de esta problemática en éste y otros Territorios Nacionales.

2. Planteo del problema

    En 1917 se ordenó el repliegue de los últimos regimientos del Ejército que habían participado en la conquista del Chaco, con lo cual el Territorio quedó librado a la protección y control de sus propios mecanismos de seguridad. Esta decisión se tomó sobre el supuesto de que la problemática indígena ya se hallaba resuelta, por lo cual no eran previsibles malones, y por tanto la seguridad de la gobernación podría ser atendida con sus propios recursos.
    Sin embargo, es suficientemente conocido el proceso de repoblamiento que se inicia en el Chaco cuatro años más tarde. El auge algodonero, la creación de colonias agrícolas y la incorporación de una nueva masa inmigratoria alteraron sustancialmente la fisonomía económico-social del Territorio, y con ello, la estructura administrativa y de servicios diseñada para una época anterior, quedaría lejos de satisfacer los requerimientos de esta nueva realidad. Las deficiencias se evidenciaron con particular nitidez en la cobertura de seguridad, sobretodo en el interior del Territorio, donde no se alcanzó a garantizar adecuadamente el resguardo de vidas y bienes.
    Resulta interesante preguntarse, entonces, cuáles fueron los problemas sustantivos del momento en este asunto, qué dimensión real tuvieron; cuáles fueron sus causas y en qué contexto se produjeron. Si se parte del concepto aceptado que la delincuencia o el conflicto social suelen ser productos de la marginación, la desocupación, o las crisis económicas de un determinado momento ¿por qué el Chaco continuaba siendo considerado como “la zona menos segura del país” en el mismo tiempo en que se posicionaba como una de las jurisdicciones más prósperas de la Argentina y no había mayores problemas de desocupación? ¿Cuáles eran, entonces, los factores que propiciaban altos índices de criminalidad en el ámbito rural, cuando precisamente allí se gestaba la riqueza que dio presencia nacional a este Territorio? ¿Existía una situación de conflicto social, y ésta a su vez tenía relación con el delito, o los problemas de inseguridad eran producto del entorno, la indolencia o desidia gubernamental en el manejo de la cuestión?
    Para responder a estos interrogantes se hace necesario brindar una explicación precisa acerca de cómo funcionaba el esquema de seguridad territoriano en sus etapas iniciales; consignar su evolución y funcionamiento a lo largo del tiempo; tipificar las distintas modalidades delictivas, y evaluar las reacciones y respuestas que respecto al tema tuvieron los poderes centrales, los gobiernos locales, e incluso, las fuerzas vivas o entidades privadas de este ámbito.

3. El escenario y la estructura de seguridad territoriana .

    En los tiempos previos a la vigencia de la ley de organización de Territorios Nacionales, por imperio de la necesidad se habían autorizado en diversas ocasiones la constitución de distintos cuerpos de Gendarmería que no tuvieron tareas bien definidas, pero que de alguna manera asumieron funciones policiales en esta región, complementando de esta forma las tareas llevadas a cabo por el Ejército de campaña.
    Sancionada la ley 1532, se estableció en su artículo séptimo que el gobernador se constituía como comandante en jefe de la Gendarmería y Guardia Nacional, y que debía colocar en cada distrito un comisario de policía con su correspondiente dotación, además de distribuir la fuerza y prestar auxilio a los jueces letrados y de paz.(1) Basándose en esto, el Gobernador Manuel Obligado decidió la creación de la Policía del Chaco y propuso una lista de siete funcionarios de jerarquía que integrarían la cúpula de la Institución. Tanto a él como a sus sucesores les cupo la difícil tarea de organizar una institución de orden público, casi sin recursos presupuestarios, y con la absoluta inexistencia -al menos en los primeros años- de códigos o estatutos que normaran su desenvolvimiento. (2) El Chaco no dispuso de una legislación general adecuada a la zona hasta 1894, año en que se aprobó e implementó el Código Rural para los Territorios Nacionales, y aún con su puesta en práctica, dejó sin tipificar algunos delitos. Hasta esa fecha, los gobernadores y los jueces debieron apelar a los códigos de la provincia de Corrientes y Santa Fe para dirimir algunas cuestiones puntuales, adoptándose finalmente el de ésta última en 1886, por ser el que mejor se adaptaba a las características de este Territorio.
    La falta de recursos para la policía chaqueña fue un problema subsistente en el tiempo, que si bien no se diferenció de lo que ocurría en otros Territorios Nacionales, se evidenciaron aquí con mayor notoriedad porque el Chaco estuvo siempre sujeto a bruscos cambios demográficos debido a las características de su producción económica, ya sea por los movimientos estacionales de jornaleros o cosecheros, o por la afluencia de inmigrantes de otros países. La actividad forestal atrajo durante su ciclo de auge a numerosos contingentes de labradores correntinos, santiagueños y paraguayos, y bajo el ciclo algodonero, la afluencia fue aún mayor. Además de sextuplicarse la población en apenas veinte años (60.500 habitantes en 1920, y 360.000 en 1940), el “tránsito” humano marcó para 1934, 1935 y 1936, en 122.000; 165.000, y 299.000 respectivamente y en números redondos, las cifras de pasajeros –principalmente braceros- ingresados y salidos en el Territorio. La consecuencia casi lógica fue que la fuerza policial estuvo siempre retrasada en proporción al número de habitantes, y en algunos períodos, no logró imponer un orden mínimo en situaciones de conflicto social.
    La acción policial se veía afectada además por la misma geografía del Territorio, cuya intrincada vegetación facilitaba la comisión y permanencia de ciertos delitos como el abigeato por ejemplo, y desde luego, a la hora de la persecución de un delincuente, no era lo mismo hacerlo en leguas de campo abierto como en los Territorios del sur, que en los cerrados montes chaqueños.
    La falta de respaldo a la Institución policial persistió durante la mayor parte de la época en que el Chaco conservó su carácter de Territorio Nacional, pero fue particularmente aguda durante el tiempo en que permaneció el Ejército en la región. Y puede suponerse que esta situación tenía justificativos para las autoridades nacionales, porque al Ejército le estaban encomendadas tareas que excedían el ámbito exclusivamente militar y pudo haberse considerado que la sola presencia de tropas en puestos fronterizos bastaría para disuadir la comisión de delitos en áreas que se encontraban fuera de su alcance. Por otra parte, las partidas presupuestarias insuficientes incidieron proporcionalmente en la calidad del cuerpo policial.
    Durante buena parte del período territoriano, el personal subalterno era seleccionado sin que hubiera ninguna formación previa para la admisión. Sólo había que poseer y poder mantener una cabalgadura y en lo posible ser conocedor de la zona. Tampoco existían códigos de procedimientos que normaran adecuadamente sus actuaciones. (3) La mayoría de los agentes provenía de las clases sociales más bajas, ya que los exiguos sueldos no eran tentadores para querer convertirse en policía. Inclusive, hasta los mismos gobernadores en las ocasiones en que solicitaron la conformación de cuerpos de Gendarmería, sugerían que el personal de tropa se reclutara entre los jornaleros desocupados de los obrajes, aliviándose de ese modo las crisis ocupacionales del momento. Desde el poder político tampoco se alentaba la calidad de la seguridad; por el contrario, se procuraba ejercer el control social con poco costo y desactivar los potenciales conflictos a través del empleo precario.
    En el caso del personal jerárquico, la insuficiencia de funcionarios trató de atenuarse nombrando a comisarios, subcomisarios e inspectores ad-honorem, una costumbre que comenzó a desarrollarse durante la gestión del gobernador Antonio Dónovan (1887-1893), quien preocupado por mejorar el servicio de policía ofrecía éstos cargos a personas solventes y con intereses en sus respectivas zonas de residencia, en donde ejercerían su función. En este caso, el único compromiso del Estado era proveerlos de buenas cabalgaduras. De esto se desprende que durante muchos años la institución policial del Territorio no tuvo el espíritu de cuerpo que es imprescindible en toda fuerza de orden, ni la preparación, estabilidad y escalafón adecuados para lograr un eficaz funcionamiento, determinando que la misma no estuviera bien conceptuada entre la población durante prolongados períodos de la época territoriana. En los documentos oficiales se han observado numerosos sumarios, suspensiones y cesantías contra policías, los cuales tienen correspondencia con la cantidad de quejas y denuncias de vecinos por el mal proceder de agentes y funcionarios, por abusos de autoridad o participación de éstos en delitos como el cuatrerismo en las zonas rurales.(4)
    Sin duda, la desidia que demostraba la policía por aquellos años, se veía influenciada además por la inestabilidad del personal en sus funciones. Tanto agentes como personal jerárquico no disponían de una relación de dependencia regular con la institución, dando lugar a que no fuesen necesarias faltas disciplinarias para cesantear, suspender o degradar a un policía. Muchas veces para ello sólo bastaba argumentarse "razones presupuestarias" .(5) Por otra parte, a los agentes que sufrían de alguna enfermedad, se los dejaba fuera de servicio "por estar imposibilitados de prestar funciones" , sin otorgárseles ningún tipo de asistencia estatal. Los lesionados en actos de servicio, tampoco tenían protección o beneficios si es que quedaban impedidos, y en caso de muerte, la familia del afectado debía tramitar por años una pensión que pocas veces llegaba.(6)
    Esta situación se mantendría con pocas variantes hasta la sanción del Estatuto Orgánico de la Policía de Territorios en 1946, en el que al tiempo que se confirió una jerarquía acorde a una institución de este tipo, se corrigieron también buena parte de las falencias señaladas.(7) De manera entonces que, en la deficiente legislación, número e instrucción de la fuerza policial, así como también en las peculiares características geográficas, productivas y demográficas de esta jurisdicción, pueden hallarse a priori algunas de las causas principales de los problemas de seguridad que aquejaron al Chaco durante buena parte de la etapa en que fue Territorio Nacional.