4. Las características del delito
Aunque el propósito de este trabajo es destacar las políticas instrumentadas desde el ámbito local y nacional para el mantenimiento del orden público, para llevar a cabo este objetivo es preciso aludir -aunque sea brevemente- a los principales problemas que en tal sentido afectaron a la sociedad territoriana. No se trata de hacer una crónica de los episodios que jaquearon al sistema, sino en todo caso, tipificar genéricamente las diferentes modalidades delictivas que se dieron en diversas épocas, evaluar su impacto en la sociedad, y señalar las reacciones que en cada etapa se generaron al respecto. Por tanto, el análisis admite una primera subdivisión temática, ya que se trata de dos problemas diferentes; uno es el que concierne a los delitos contra las personas, y otro es el referido a los delitos contra la propiedad.
En el primer caso y durante la mayor parte de la época territoriana los delitos más comunes y también los que se dieron en mayor porcentaje fueron las agresiones y los homicidios, sin desestimar desde luego al abuso sexual, que aunque frecuente, es difícilmente evaluable ya que no era habitual su denuncia dadas las máculas que conllevaba para la mujer en la sociedad de entonces. Aunque también se podría incluir aquí el delito de privación ilegítima de la libertad (como el secuestro), que también se dio en este ámbito, su registro es tardío en la vida del Territorio y aparece asociado a la acción de bandas armadas. En cuanto a los dos primeros tipos de delito debe señalarse que como principales causales se conjugaron tres aspectos a tener en cuenta: la ignorancia, el entorno, y la permisividad en la libre portación de armas. La ignorancia propiciaba, sobre todo en el ámbito rural, que la menor diferencia de opiniones derivara en un pleito, y que éste culminara casi siempre en la agresión física. Las discusiones, riñas por ebriedad, el juego, o disputas sentimentales fueron moneda corriente en el contorno semicivilizado del Chaco rural. A esto debe agregarse que, en tiempos de cosecha, la gran afluencia de recolectores golondrina hacía que se agruparan en las chacras donde el alojamiento se daba en galpones en condiciones sumamente promiscuas, lo cual provocaba irremediablemente conflictos de convivencia.
El homicidio era en la mayoría de los casos una consecuencia natural de estas escaramuzas, porque la mayoría de los hombres circulaban armados, ya que el Código Rural lo autorizaba en su artículo nº 253. Sin duda influía también en este hábito la inducción ejercida desde los periódicos locales, donde aparecían regularmente grandes avisos ilustrados con armas de fuego, en los que se puntualizaban sus virtudes y se incitaba a su adquisición esgrimiéndose razones de defensa personal.(8) Pero además en el ámbito rural, el cuchillo, daga o facón constituía parte esencial de la vestimenta de cualquier labrador, y el rebenque, fusta o látigo un accesorio imprescindible para desempeñar las tareas de campo. Llegada la ocasión, estos instrumentos se usaban casi sin vacilación para la defensa personal, porque salvar el honor era cuestión prioritaria. Y en este sentido, cabe destacar que las venganzas por conflictos previos fueron causa de un importante porcentaje de homicidios, ya que al parecer, las ofensas no se olvidaban con facilidad. Los partes policiales de las tres primeras décadas del siglo XX referidos a homicidios, suelen comúnmente encabezar la información diciendo :"...Por resentimientos anteriores se enfrentaron..., y en el hecho se produjo la muerte de uno de los contendientes..." , toda una evidencia de que para esta época la antigua costumbre del duelo aún no se había diluido, aunque en este ámbito se lo practicaba espontáneamente y sin mayores formalidades.(9)
Es indudable que la libre portación de armas configuraba una de las causas más importantes de los hechos de sangre, a tal punto que en las estadísticas de 1934, entre las principales causas de muerte en el Territorio figuran en primer lugar la bronconeumonía, seguida de la tuberculosis, y en tercer término la muerte producida por heridas de arma de fuego.(10) El problema alcanzó tal gravedad en determinado momento que el gobernador José Castells (1933-38) se propuso limitar el derecho de portar armas, por cuanto entendía que para los tiempos que corrían eran innecesarias las licencias que concedía el Código Rural, y estaba probado que esto implicaba excesos que terminaban casi siempre en hechos de sangre.(11) Este gobernador se concentró además en otro punto, que consistía en tratar de prevenir los desórdenes y riñas en el interior del Territorio, si tener que aumentar por ello los recursos policiales.
Desde el anterior gobierno de Juan Vrillaud (1932-33) se observaba en las estadísticas que casi la totalidad de las peleas y homicidios se producían los sábados en los boliches y bailes del interior, a consecuencia en gran medida del alcoholismo. Por tales razones se puso en marcha una campaña en donde se impondría el sistema del "Sábado Inglés" , por el cual se prohibía la apertura de locales ese día, como así también el expendio de bebidas alcohólicas en quermeses, bailes y clubes.(12) Estas medidas se complementaban además con la prohibición de carreras de caballos, riñas de gallos, juegos de taba, naipes, como así también una severa vigilancia en las "casas públicas" (prostíbulos), por policías que deberían estar "estrictamente uniformados" , sin excepción.(13)
En los documentos se advierte que para la toma de estas decisiones influyó la entonces imperante "Ley seca" en los E.E.U.U., aunque aquí no ocasionaría ni los beneficios ni los trastornos que produjo en el país del norte, sencillamente porque el Chaco no contaba con infraestructura policial para ejercer estos controles, y porque además, los mismos agentes transgredían las normas, como puede comprobarse en la documentación oficial de la época.
Ahora bien, pese a lo expuesto, no debe medirse la situación con parámetros actuales y pensar en una generalizada indefensión de las personas respecto a su integridad. Los delitos descriptos, si bien ostentaban tasas muy altas en proporción al número de habitantes, éstas no eran extensibles a los ámbitos urbanos. Estos delitos se daban esencialmente en el contexto rural y específicamente, dentro de un determinado segmento social. Por ejemplo, para 1934, en que por primera vez se realizan estadísticas confiables al respecto, se contabilizan 167 homicidios en el Chaco sobre un total general de 533 delitos contra las personas en ese año. Las cifras revelan que la mayoría de los casos se produjeron entre los meses de enero a julio, es decir el período de zafra algodonera, donde la afluencia de cosecheros era mayor. Allí se tienen los picos más altos, con 26 muertes en el mes de mayo, mientras que en septiembre ocurrieron sólo cuatro.
De la misma manera, el mapa de los homicidios revela que los mismos se cometieron en las áreas circundantes a los centros algodoneros más importantes, como Sáenz Peña y Quitilipi, por ejemplo. A su vez, el 83,8 % de estos homicidios fue cometido por jornaleros y agricultores, lo cual confirma que este tipo de delito se producía como directa consecuencia del tumultuoso frenesí de la cosecha.(14)
Sin llegar a creer que las medidas enunciadas anteriormente tuvieron un cumplimiento efectivo, ya que los problemas descriptos continuaron subsistiendo, luego de los picos máximos registrados en 1935 puede advertirse que el porcentaje de delitos contra las personas se mantuvo relativamente estable y con tendencia a la disminución, sobretodo teniendo en cuenta su relación con el incremento demográfico.(15) De todas maneras, los delitos contra las personas no parecieron constituir una cuestión excesivamente preocupante para las autoridades, dado que entonces se asumía casi como algo natural que éstos ocurriesen dentro del componente social y el contexto en que se producían.
Sin embargo, los delitos contra la propiedad merecieron una mayor atención dados los intereses que afectaban y las repercusiones que tenían en la prensa local. Este tipo de delitos excedía el marco de un determinado estrato social y perjudicaban obviamente a personas o empresas que tenían cierto patrimonio y/o algún grado de influencia. Además, las dimensiones que llegaron a adquirir algunas prácticas harían que tanto las autoridades locales como nacionales tuviesen una participación más activa en los intentos de solución al problema. Para hablar sobre los delitos contra la propiedad es preciso referir fundamentalmente las modalidades que tuvieron mayor relevancia en función de sus efectos, y sobretodo, una vigencia más prolongada en el Territorio. En tal sentido pueden destacarse dos: El abigeato, y el asalto armado cometido por bandas organizadas.
Respecto al delito de abigeato, no se lo puede circunscribir a un período determinado dado que fue un problema de carácter permanente en el Territorio. Pero en particular desde finales de la década de 1910 en adelante, esta práctica adquirió mayor intensidad al aumentar el número de cabezas como directa consecuencia de la creación de varias colonias pastoriles y la instalación de grandes establecimientos ganaderos.(16) El abigeato se vio facilitado, además, por la precariedad de las mensuras, parcelamientos, deficientes o inexistentes alambrados; la ambigua legislación imperante en materia de marcas y señales, y fundamentalmente la práctica de la ganadería extensiva, que originó la formación de grandes rebaños, muy difíciles de controlar en su totalidad. Los partes policiales revelan la constancia del flagelo en la mayor parte de la época territoriana, desde faenas de pocos animales en pleno campo, hasta el arreo organizado de cientos de cabezas que usualmente tenían como destino las provincias limítrofes de Santa Fe y Santiago del Estero. La ineficacia o venalidad policial, y la anuencia o en ciertos casos, directa participación de las autoridades gubernamentales en los hechos, facilitó la comisión de este delito hasta llegarse a niveles escandalosos. El tristemente célebre gobierno de Enrique Cáceres (1917-1920) fue un ejemplo elocuente de la connivencia organizada para la ejecución de estas actividades. Los relatos de viajeros son, a su vez, ilustrativos de la magnitud del problema, tal como lo atestigua el mayor Da Rocha en un pasaje de su libro escrito en 1931:
En el primer caso y durante la mayor parte de la época territoriana los delitos más comunes y también los que se dieron en mayor porcentaje fueron las agresiones y los homicidios, sin desestimar desde luego al abuso sexual, que aunque frecuente, es difícilmente evaluable ya que no era habitual su denuncia dadas las máculas que conllevaba para la mujer en la sociedad de entonces. Aunque también se podría incluir aquí el delito de privación ilegítima de la libertad (como el secuestro), que también se dio en este ámbito, su registro es tardío en la vida del Territorio y aparece asociado a la acción de bandas armadas. En cuanto a los dos primeros tipos de delito debe señalarse que como principales causales se conjugaron tres aspectos a tener en cuenta: la ignorancia, el entorno, y la permisividad en la libre portación de armas. La ignorancia propiciaba, sobre todo en el ámbito rural, que la menor diferencia de opiniones derivara en un pleito, y que éste culminara casi siempre en la agresión física. Las discusiones, riñas por ebriedad, el juego, o disputas sentimentales fueron moneda corriente en el contorno semicivilizado del Chaco rural. A esto debe agregarse que, en tiempos de cosecha, la gran afluencia de recolectores golondrina hacía que se agruparan en las chacras donde el alojamiento se daba en galpones en condiciones sumamente promiscuas, lo cual provocaba irremediablemente conflictos de convivencia.
El homicidio era en la mayoría de los casos una consecuencia natural de estas escaramuzas, porque la mayoría de los hombres circulaban armados, ya que el Código Rural lo autorizaba en su artículo nº 253. Sin duda influía también en este hábito la inducción ejercida desde los periódicos locales, donde aparecían regularmente grandes avisos ilustrados con armas de fuego, en los que se puntualizaban sus virtudes y se incitaba a su adquisición esgrimiéndose razones de defensa personal.(8) Pero además en el ámbito rural, el cuchillo, daga o facón constituía parte esencial de la vestimenta de cualquier labrador, y el rebenque, fusta o látigo un accesorio imprescindible para desempeñar las tareas de campo. Llegada la ocasión, estos instrumentos se usaban casi sin vacilación para la defensa personal, porque salvar el honor era cuestión prioritaria. Y en este sentido, cabe destacar que las venganzas por conflictos previos fueron causa de un importante porcentaje de homicidios, ya que al parecer, las ofensas no se olvidaban con facilidad. Los partes policiales de las tres primeras décadas del siglo XX referidos a homicidios, suelen comúnmente encabezar la información diciendo :"...Por resentimientos anteriores se enfrentaron..., y en el hecho se produjo la muerte de uno de los contendientes..." , toda una evidencia de que para esta época la antigua costumbre del duelo aún no se había diluido, aunque en este ámbito se lo practicaba espontáneamente y sin mayores formalidades.(9)
Es indudable que la libre portación de armas configuraba una de las causas más importantes de los hechos de sangre, a tal punto que en las estadísticas de 1934, entre las principales causas de muerte en el Territorio figuran en primer lugar la bronconeumonía, seguida de la tuberculosis, y en tercer término la muerte producida por heridas de arma de fuego.(10) El problema alcanzó tal gravedad en determinado momento que el gobernador José Castells (1933-38) se propuso limitar el derecho de portar armas, por cuanto entendía que para los tiempos que corrían eran innecesarias las licencias que concedía el Código Rural, y estaba probado que esto implicaba excesos que terminaban casi siempre en hechos de sangre.(11) Este gobernador se concentró además en otro punto, que consistía en tratar de prevenir los desórdenes y riñas en el interior del Territorio, si tener que aumentar por ello los recursos policiales.
Desde el anterior gobierno de Juan Vrillaud (1932-33) se observaba en las estadísticas que casi la totalidad de las peleas y homicidios se producían los sábados en los boliches y bailes del interior, a consecuencia en gran medida del alcoholismo. Por tales razones se puso en marcha una campaña en donde se impondría el sistema del "Sábado Inglés" , por el cual se prohibía la apertura de locales ese día, como así también el expendio de bebidas alcohólicas en quermeses, bailes y clubes.(12) Estas medidas se complementaban además con la prohibición de carreras de caballos, riñas de gallos, juegos de taba, naipes, como así también una severa vigilancia en las "casas públicas" (prostíbulos), por policías que deberían estar "estrictamente uniformados" , sin excepción.(13)
En los documentos se advierte que para la toma de estas decisiones influyó la entonces imperante "Ley seca" en los E.E.U.U., aunque aquí no ocasionaría ni los beneficios ni los trastornos que produjo en el país del norte, sencillamente porque el Chaco no contaba con infraestructura policial para ejercer estos controles, y porque además, los mismos agentes transgredían las normas, como puede comprobarse en la documentación oficial de la época.
Ahora bien, pese a lo expuesto, no debe medirse la situación con parámetros actuales y pensar en una generalizada indefensión de las personas respecto a su integridad. Los delitos descriptos, si bien ostentaban tasas muy altas en proporción al número de habitantes, éstas no eran extensibles a los ámbitos urbanos. Estos delitos se daban esencialmente en el contexto rural y específicamente, dentro de un determinado segmento social. Por ejemplo, para 1934, en que por primera vez se realizan estadísticas confiables al respecto, se contabilizan 167 homicidios en el Chaco sobre un total general de 533 delitos contra las personas en ese año. Las cifras revelan que la mayoría de los casos se produjeron entre los meses de enero a julio, es decir el período de zafra algodonera, donde la afluencia de cosecheros era mayor. Allí se tienen los picos más altos, con 26 muertes en el mes de mayo, mientras que en septiembre ocurrieron sólo cuatro.
De la misma manera, el mapa de los homicidios revela que los mismos se cometieron en las áreas circundantes a los centros algodoneros más importantes, como Sáenz Peña y Quitilipi, por ejemplo. A su vez, el 83,8 % de estos homicidios fue cometido por jornaleros y agricultores, lo cual confirma que este tipo de delito se producía como directa consecuencia del tumultuoso frenesí de la cosecha.(14)
Sin llegar a creer que las medidas enunciadas anteriormente tuvieron un cumplimiento efectivo, ya que los problemas descriptos continuaron subsistiendo, luego de los picos máximos registrados en 1935 puede advertirse que el porcentaje de delitos contra las personas se mantuvo relativamente estable y con tendencia a la disminución, sobretodo teniendo en cuenta su relación con el incremento demográfico.(15) De todas maneras, los delitos contra las personas no parecieron constituir una cuestión excesivamente preocupante para las autoridades, dado que entonces se asumía casi como algo natural que éstos ocurriesen dentro del componente social y el contexto en que se producían.
Sin embargo, los delitos contra la propiedad merecieron una mayor atención dados los intereses que afectaban y las repercusiones que tenían en la prensa local. Este tipo de delitos excedía el marco de un determinado estrato social y perjudicaban obviamente a personas o empresas que tenían cierto patrimonio y/o algún grado de influencia. Además, las dimensiones que llegaron a adquirir algunas prácticas harían que tanto las autoridades locales como nacionales tuviesen una participación más activa en los intentos de solución al problema. Para hablar sobre los delitos contra la propiedad es preciso referir fundamentalmente las modalidades que tuvieron mayor relevancia en función de sus efectos, y sobretodo, una vigencia más prolongada en el Territorio. En tal sentido pueden destacarse dos: El abigeato, y el asalto armado cometido por bandas organizadas.
Respecto al delito de abigeato, no se lo puede circunscribir a un período determinado dado que fue un problema de carácter permanente en el Territorio. Pero en particular desde finales de la década de 1910 en adelante, esta práctica adquirió mayor intensidad al aumentar el número de cabezas como directa consecuencia de la creación de varias colonias pastoriles y la instalación de grandes establecimientos ganaderos.(16) El abigeato se vio facilitado, además, por la precariedad de las mensuras, parcelamientos, deficientes o inexistentes alambrados; la ambigua legislación imperante en materia de marcas y señales, y fundamentalmente la práctica de la ganadería extensiva, que originó la formación de grandes rebaños, muy difíciles de controlar en su totalidad. Los partes policiales revelan la constancia del flagelo en la mayor parte de la época territoriana, desde faenas de pocos animales en pleno campo, hasta el arreo organizado de cientos de cabezas que usualmente tenían como destino las provincias limítrofes de Santa Fe y Santiago del Estero. La ineficacia o venalidad policial, y la anuencia o en ciertos casos, directa participación de las autoridades gubernamentales en los hechos, facilitó la comisión de este delito hasta llegarse a niveles escandalosos. El tristemente célebre gobierno de Enrique Cáceres (1917-1920) fue un ejemplo elocuente de la connivencia organizada para la ejecución de estas actividades. Los relatos de viajeros son, a su vez, ilustrativos de la magnitud del problema, tal como lo atestigua el mayor Da Rocha en un pasaje de su libro escrito en 1931:
"...En cuanto al cuatrerismo, es curioso consignar lo que ocurre en el territorio del Chaco, y que me ha sido referido: Allí los cuatreros operan en bandas hasta de diez o más individuos; llegan a un establecimiento en pleno día, armados hasta los dientes. Proceden a recoger la hacienda que se les viene en gana en las propias narices del propietario, impotente para resistirlos so pena de perder la vida. Llegan al colmo de encerrar los animales en los propios corrales del asaltado, procediendo allí a apartar tranquilamente lo mejor para llevar...
Estas operaciones tardan hasta dos y tres días, durante los cuales y después de desarmarlos, mantienen encerrados al dueño y a los peones que tuviere. Igual suerte corre todo aquel que sin estar enterado de los acontecimientos que se desarrollan se aproxima a las casas...
La retirada la efectúan tranquilamente, quedando dos o tres compinches, quienes vigilan a los prisioneros hasta que calculan que el arreo ya está tan alejado que no se lo podrá alcanzar...
Como podrá apreciarse, nuestros cuatreros del sur son unos niños de pecho comparados con estos caballeros..." (Da Rocha, 1937:30)
El combate al abigeato por tanto, se inició mas bien por parte de los sectores privados interesados antes que por la acción oficial, que impotente aún en los períodos más voluntariosos, se adhería a las demandas y terminaba acompañando los ensayos de solución que en tal sentido proponían los ganaderos. Buena parte de las quejas se canalizaron a través de la prensa y de las entidades inherentes a la actividad, como por ejemplo la Sociedad Rural del Chaco. En el primer caso, fue el diario La Voz del Chaco el que más promovió frontal y sostenidamente una campaña eficaz contra el cuatrerismo ya desde 1917 y proliferaron los editoriales que se destinaron al asunto.(17) También fueron varias las propuestas realizadas desde la institución rectora de los ganaderos en el Chaco.
Las mismas -que no se sugerían por primera vez- hallarían mejor predisposición durante el mandato del gobernador Gustavo Lagerheim (1938-41), quien además de ser un importante ganadero estaba estrechamente vinculado a la entidad, ya que había sido su presidente en períodos anteriores. Concretamente se pidió al gobernador un mayor control sobre mataderos, carnicerías y acopiadores de cueros, donde debían exigirse los certificados de procedencia, sanidad, y guías de los juzgados de paz. De la misma forma debería controlarse también el otorgamiento de boletas de marcas y señales, que se concedían "con demasiada liberalidad" .(18) Sin que se sepa si estas medidas tuvieron cumplimiento efectivo, debe destacarse que Lagerheim fue uno de los gobernadores que más se preocupó por el tema dados los intereses que representaba, y como también lo demuestran las varias resoluciones que adoptó al respecto.
De todos modos, este problema sólo encontraría un principio de contención a finales de la década de 1930, cuando los escuadrones de la recientemente creada Gendarmería Nacional ejercieron un control más cerrado en las zonas rurales, y una vigilancia más estricta en las vías de comunicación del Territorio.
Pero sin lugar a dudas, el problema de mayor relevancia que afrontó el Chaco en lo concerniente a actividades delictivas, fue el de la actuación de bandas organizadas dedicadas a los asaltos y secuestros, tal vez no tanto por los daños producidos, sino por las repercusiones que tuvieron sus actos en los medios de comunicación locales y nacionales, y por la sensación de inseguridad general que provocaron. La formación y actuación de bandas armadas en el Chaco fue un fenómeno propio de la década de 1930 y, además, contemporáneo a lo que ocurría en otros Territorios Nacionales en esta misma época. Básicamente pueden atribuirse sus causas más directas, a las ventajas que ofrecían estas dilatadas extensiones territoriales para la práctica de tales actividades, es decir a la precariedad de las vías de comunicación y, sobre todo, a la escasez o incapacidad de las policías locales. Por otro lado, y en el caso concreto del Chaco, el intenso movimiento de capitales y la escasa estructura y cultura bancaria, obraron como alicientes decisivos para la actuación de determinado tipo de bandas. No resultaba sorprendente -como hemos visto- el accionar de ellas en delitos relativos al cuatrerismo por ejemplo, dado que para estas operaciones siempre fue necesaria una mínima organización para arrear numerosas cabezas de ganado, y era algo habitual en los Territorios Nacionales.
Lo que surgía como extraordinario era que estas organizaciones apareciesen ahora profesionalizadas, con armamentos modernos en algunos casos y dedicadas a delitos específicos que evolucionaron desde el salteo en los caminos; a los asaltos tipo comando a grandes comercios, empresas, industrias, establecimientos ganaderos y forestales, Bancos, trenes; y hasta secuestros extorsivos en una etapa de mayor perfeccionamiento. Estas bandas promovieron a su vez el encumbramiento de bandoleros que adquirieron según sus incursiones, renombres legendarios, y mantuvieron en vilo a las poblaciones e impotentes a las policías territoriales. En el sur del país, el más fiel exponente del bandolerismo en estos años fue Juan Bautista Bairoletto, quien asoló por más de veinte años los Territorios de La Pampa, Río Negro y el sur de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, San Luis y Mendoza. En el Chaco, coexistieron varias bandas que se dedicaron al cuatrerismo, al pillaje o al salteo; algunas de actuaciones efímeras, otras organizadas ocasionalmente, y sólo unas pocas con una trayectoria continuada.
Al comando de éstas, se hallaron jefes de diverso carácter y mentalidad; muchos de ellos fueron maleantes vulgares, malvivientes rudimentarios que trascendieron temporalmente nada más que por su mera crueldad. Otros en cambio, sobresalieron por su audacia en los enfrentamientos con las fuerzas del orden, haciendo también gala de una mezcla de heroísmo, temeridad, y hasta ingenuidad en cada una de sus acciones. Pero también están los que se distinguieron por ser poseedores de una astucia y sagacidad no concebidas en un delincuente por aquellos días, que con sorprendente planificación supieron llevar adelante y con éxito procedimientos innovadores que les permitieron alzarse con cifras apreciables de dinero en cada operación, y mantener una prolongada trayectoria en el camino delictivo. Dentro de esta última categoría, corresponde insertar a bandidos que conmocionaron a todo un país por la espectacularidad de sus asaltos y secuestros, y también por la novelesca imagen que se tejió en torno a ellos debido a sus supuestas acciones benefactoras en favor de las clases más desposeídas.
Estos personajes, a los que cierta literatura asignó el nombre de "bandoleros románticos" (19) al endilgarles una función de justicieros sociales, pusieron en tensión al sistema de seguridad territoriano público y privado, demostrando su vulnerabilidad al burlarlo sistemáticamente en cada operación y en cada fuga. Fueron además los arquetipos idolatrados para una buena cantidad de novicios que se iniciaron en la vida marginal, y más que nada, fueron los causantes de que sobre finales de los años treinta, el Chaco fuese catalogado como "La zona menos segura del país" . Estos célebres bandoleros entre los que pueden mencionarse a Segundo David Peralta, Eusebio Zamacola, Pascual Miño, Juan Bairoletto -que también actuó en estas tierras-, Malatesta, Ovidio Lezcano, "Cabo" Benítez, Ismael García y muchos otros de menor jerarquía, ejecutaron los asaltos y secuestros más sonados en el país de aquellos años, y con estas acciones obligarían finalmente a los poderes centrales a repensar el aparato de seguridad para los Territorios Nacionales.(20)
Las mismas -que no se sugerían por primera vez- hallarían mejor predisposición durante el mandato del gobernador Gustavo Lagerheim (1938-41), quien además de ser un importante ganadero estaba estrechamente vinculado a la entidad, ya que había sido su presidente en períodos anteriores. Concretamente se pidió al gobernador un mayor control sobre mataderos, carnicerías y acopiadores de cueros, donde debían exigirse los certificados de procedencia, sanidad, y guías de los juzgados de paz. De la misma forma debería controlarse también el otorgamiento de boletas de marcas y señales, que se concedían "con demasiada liberalidad" .(18) Sin que se sepa si estas medidas tuvieron cumplimiento efectivo, debe destacarse que Lagerheim fue uno de los gobernadores que más se preocupó por el tema dados los intereses que representaba, y como también lo demuestran las varias resoluciones que adoptó al respecto.
De todos modos, este problema sólo encontraría un principio de contención a finales de la década de 1930, cuando los escuadrones de la recientemente creada Gendarmería Nacional ejercieron un control más cerrado en las zonas rurales, y una vigilancia más estricta en las vías de comunicación del Territorio.
Pero sin lugar a dudas, el problema de mayor relevancia que afrontó el Chaco en lo concerniente a actividades delictivas, fue el de la actuación de bandas organizadas dedicadas a los asaltos y secuestros, tal vez no tanto por los daños producidos, sino por las repercusiones que tuvieron sus actos en los medios de comunicación locales y nacionales, y por la sensación de inseguridad general que provocaron. La formación y actuación de bandas armadas en el Chaco fue un fenómeno propio de la década de 1930 y, además, contemporáneo a lo que ocurría en otros Territorios Nacionales en esta misma época. Básicamente pueden atribuirse sus causas más directas, a las ventajas que ofrecían estas dilatadas extensiones territoriales para la práctica de tales actividades, es decir a la precariedad de las vías de comunicación y, sobre todo, a la escasez o incapacidad de las policías locales. Por otro lado, y en el caso concreto del Chaco, el intenso movimiento de capitales y la escasa estructura y cultura bancaria, obraron como alicientes decisivos para la actuación de determinado tipo de bandas. No resultaba sorprendente -como hemos visto- el accionar de ellas en delitos relativos al cuatrerismo por ejemplo, dado que para estas operaciones siempre fue necesaria una mínima organización para arrear numerosas cabezas de ganado, y era algo habitual en los Territorios Nacionales.
Lo que surgía como extraordinario era que estas organizaciones apareciesen ahora profesionalizadas, con armamentos modernos en algunos casos y dedicadas a delitos específicos que evolucionaron desde el salteo en los caminos; a los asaltos tipo comando a grandes comercios, empresas, industrias, establecimientos ganaderos y forestales, Bancos, trenes; y hasta secuestros extorsivos en una etapa de mayor perfeccionamiento. Estas bandas promovieron a su vez el encumbramiento de bandoleros que adquirieron según sus incursiones, renombres legendarios, y mantuvieron en vilo a las poblaciones e impotentes a las policías territoriales. En el sur del país, el más fiel exponente del bandolerismo en estos años fue Juan Bautista Bairoletto, quien asoló por más de veinte años los Territorios de La Pampa, Río Negro y el sur de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, San Luis y Mendoza. En el Chaco, coexistieron varias bandas que se dedicaron al cuatrerismo, al pillaje o al salteo; algunas de actuaciones efímeras, otras organizadas ocasionalmente, y sólo unas pocas con una trayectoria continuada.
Al comando de éstas, se hallaron jefes de diverso carácter y mentalidad; muchos de ellos fueron maleantes vulgares, malvivientes rudimentarios que trascendieron temporalmente nada más que por su mera crueldad. Otros en cambio, sobresalieron por su audacia en los enfrentamientos con las fuerzas del orden, haciendo también gala de una mezcla de heroísmo, temeridad, y hasta ingenuidad en cada una de sus acciones. Pero también están los que se distinguieron por ser poseedores de una astucia y sagacidad no concebidas en un delincuente por aquellos días, que con sorprendente planificación supieron llevar adelante y con éxito procedimientos innovadores que les permitieron alzarse con cifras apreciables de dinero en cada operación, y mantener una prolongada trayectoria en el camino delictivo. Dentro de esta última categoría, corresponde insertar a bandidos que conmocionaron a todo un país por la espectacularidad de sus asaltos y secuestros, y también por la novelesca imagen que se tejió en torno a ellos debido a sus supuestas acciones benefactoras en favor de las clases más desposeídas.
Estos personajes, a los que cierta literatura asignó el nombre de "bandoleros románticos" (19) al endilgarles una función de justicieros sociales, pusieron en tensión al sistema de seguridad territoriano público y privado, demostrando su vulnerabilidad al burlarlo sistemáticamente en cada operación y en cada fuga. Fueron además los arquetipos idolatrados para una buena cantidad de novicios que se iniciaron en la vida marginal, y más que nada, fueron los causantes de que sobre finales de los años treinta, el Chaco fuese catalogado como "La zona menos segura del país" . Estos célebres bandoleros entre los que pueden mencionarse a Segundo David Peralta, Eusebio Zamacola, Pascual Miño, Juan Bairoletto -que también actuó en estas tierras-, Malatesta, Ovidio Lezcano, "Cabo" Benítez, Ismael García y muchos otros de menor jerarquía, ejecutaron los asaltos y secuestros más sonados en el país de aquellos años, y con estas acciones obligarían finalmente a los poderes centrales a repensar el aparato de seguridad para los Territorios Nacionales.(20)
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